Antes de que estallara la Revolución en 1910 la
estructura bancaria de México se encontraba integrada
de la siguiente manera: había 24 bancos de emisión
entre los cuales se contaban el
Banco Nacional de México y el
*Banco de Londres
que eran los únicos cuyos billetes podían circular en
todo el territorio nacional.
Los billetes del resto de los bancos de emisión sólo
podían circular en la entidad federativa a la que
estuvieran cada uno de ellos adscrito.
Por último, al anterior grupo se sumaban dos bancos
hipotecarios y cinco refaccionarios.
La revolución maderista fue
fundamentalmente una revolución política.
Desde el punto de vista bancario, la
presidencia de Francisco I. Madero fue
una mera continuación de la herencia
recibida del porfiriato.
Así, durante esa administración volvió a
prevalecer un criterio favorable a la
pluralidad de bancos emisores. El
gobierno de Madero, a través de la
Secretaría de Hacienda, intentó incluso
aumentar el número de bancos de emisión
con el
objeto de ampliar la red bancaria del país.
Este panorama cambió radicalmente a
raíz de que el usurpador Victoriano Huerta
derrocara a Madero y ese hecho fuera el
detonante para el inicio de la llamada
revolución constitucionalista.
El esfuerzo militar del régimen de Huerta contra los
revolucionarios pronto colocó a sus finanzas en
situación delicada.
Por lo tanto, aparte de intentar conseguir algunos
créditos en el extranjero, el régimen de Huerta impuso
préstamos forzosos a los bancos locales.
En ese orden, sobresalieron dos de ellos impuestos a
todos los bancos: el primero en el año de 1913 por un
saldo total de 18.2 millones de pesos y un segundo en
1914 por un poco más de 41 millones de pesos.
En suma, de febrero de 1913 a abril de 1915 los bancos
locales otorgaron créditos al gobierno del usurpador
Huerta por un total de casi 64 millones de pesos,
cantidad de la cual poco más de 59 millones
correspondió a los dos préstamos generales arriba
mencionados y el resto a operaciones que se pactaron
con instituciones específicas.
Esa primera etapa de la Revolución que culminó
a principios de 1915 fue particularmente dañina
para los bancos. Los quebrantos que se
resintieron provinieron de tres fuentes: de los
*saqueos sufridos por las instituciones durante la
contienda, de los
*daños causados a los acreditados de los bancos
y de los
*préstamos obligatorios ya mencionados.
En consecuencia, para mediados de 1914 los
billetes en circulación de los bancos más los
depósitos a la vista contaban con una garantía
en metálico de tan sólo 26.5 por ciento mientras
que la ley exigía por lo menos 33 por ciento.
En agosto de 1915, el gobierno encabezado por
Venustiano Carranza intentó obligar a los
bancos de emisión a colocarse dentro de los
lineamientos de la Ley Bancaria de 1897 o
forzarlos a que pasaran a liquidación.
Más adelante, en septiembre de 1916 se
modificó radicalmente dicho enfoque. El
gobierno declaró ilegal la existencia de esas
instituciones y decretó que deberían cubrir con
metálico la totalidad de sus billetes en
circulación y proceder a su liquidación.
Por fin, en el otoño de 1917 sucede lo inevitable
y el gobierno de Venustiano Carranza recurre a
la incautación y al crédito forzoso con los
bancos, arrebatándoles la totalidad de sus
reservas metálicas.
El periodo de incautación continuó hasta el
epílogo del carrancismo en 1920 sin que en ese
lapso se pudiera consumar la liquidación de los
bancos.
Ya hacia el final, Venustiano Carranza pareció
suavizar un tanto su posición y en septiembre
de 1919 anunció que algunos de los bancos
incautados podrían reanudar sus negocios en el
futuro.
Sin embargo, esta determinación se convertiría en
letra muerta al tomar el poder político en México
el grupo de los sonorenses en cuyas filas
sobresalían las figuras de Álvaro Obregón y
Plutarco Elías Calles.
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